Navalcarnero - Prensa

La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid da el visto bueno a una revisión de oficio que permitirá anular todos los contratos realizados ilegalmente de este suministro.

Navalcarnero recuperará parte del dinero gastado ilegalmente (ya desembolsado o bien con cargo a la deuda municipal) en piezas de Granito encargados por los gobiernos del Partido Popular en las anteriores legislaturas, cuyos suministros se produjeron entre 2006 y 2009, aunque los mismos se iban facturando discrecional y arbitrariamente por los entonces Gobiernos Municipales del Partido Popular.

Si bien la Cámara de Cuentas ya había detectado y calificado como ilegales gran parte de las compras de granito, realizadas por los anteriores gobiernos del PP y que dejaron tiritando las arcas municipales, una nueva resolución de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, firmada el pasado 27 de septiembre,  da luz verde al procedimiento de “revisión de oficio” por el que se deben declarar nulas todas las facturas emitidas, pero no pagadas, por uno de los proveedores y que, en su conjunto, ascienden a 3.173.552,3 euros en concepto de principal, y por los que el proveedor también reclamaba intereses y perjuicios.

Del mismo modo, la resolución permitirá al Ayuntamiento, gobernado ahora por el PSOE, Cambiemos y un concejal independiente, devolver las piezas de granito ya pagadas y que en su totalidad ascienden a 3.448.176,99 euros, abonados entre 2006 y junio de 2015. Así, en total, Navalcarnero podría recuperar 6.621.729,29 euros que habrían salido de las arcas municipales por medio de contratos que nunca se ajustaron a la legalidad.

La “revisión de oficio” tiene por objeto expulsar del ordenamiento jurídico aquellos actos administrativos que se encuentran viciados de nulidad radical por diferentes causas recogidas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común y que, tras ser expuestas por el Ayuntamiento han sido ahora aceptadas por la Comisión Jurídica.

Navalcarnero acudió a este organismo, tras dos reclamaciones de pago interpuesta el 3 de mayo de 2016 por un proveedor de granito, en las que reclamaba al Ayuntamiento sendas deudas de 696.243 euros y 2.477.309,3 euros, más los intereses e indemnización de los costes de cobro.

Estas reclamaciones incorporaban además copia de las facturas con sello de entrada en el registro municipal entre agosto de 2014 y mayo de 2015, todas ellas con fechas de emisión dentro del mismo periodo.

De hecho, gran parte de estas facturas, hasta un total aproximado de 2,5 millones de euros, fueron emitidas (por importes inferiores a 18.000 euros, en un claro fraccionamiento de pago), días antes de las elecciones de mayo de 2015. Todas ellas fueron devueltas desde la Concejalía de Hacienda en septiembre de 2016 tras comprobar que no existía expediente de contratación ni conformidad de ningún técnico municipal.

Las reclamaciones explicaban detalladamente el procedimiento de contratación empleado para la adquisición del granito, y cómo el ahora exalcalde del PP, Baltasar Santos, elegía personalmente las piezas en diferentes ferias o en las instalaciones del proveedor. Éste entregaba después, en mano o por fax, presupuesto y fotografías de las mismas, dándose poco después la conformidad por parte del alcalde o de su secretaria.

La reclamación describe cómo la emisión de las correspondientes facturas se posponía al momento en que el Ayuntamiento daba la orden para su emisión y por el importe que se indicaba.

Sobre estas reclamaciones ya se pronunció la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en su informe de fiscalización de los ejercicios 2007 y 2008, del que se ha dado cuenta en diferentes medios de comunicación.

Entre las diferentes conclusiones que saca este organismo se detecta que en las facturas no consta firma de conformidad del técnico responsable ni se habían contabilizado en el presupuesto de gastos del Ayuntamiento.

La Cámara concluye “de manera indubitada” el incumplimiento de la normativa de contratación recogida en la Ley de Contratos del Sector Público además de las normas internas de contratación del propio Ayuntamiento, y por tanto que “se ha vulnerado, además del principio de legalidad, los principios de buen funcionamiento y transparencia que deben ser básicos e inspiradores en la contratación administrativa”.

Sin indemnización

La resolución de la Comisión Jurídica concluye que el abono de los suministros realizados deberá limitarse “a los que efectivamente respondan a una verdadera necesidad”, una parte insignificante de los elementos de granito. Y en ese caso, el Ayuntamiento debería de descontar el beneficio industrial (un 6%) además de adecuar los precios a las peritaciones independientes realizadas, cuyas conclusiones indican que se había pagado muy por encima de los precios de mercado.

Por otro lado, el organismo exime al Ayuntamiento de pagar indemnización por perjuicios al suministrador, dado que “desplegó también una actividad para eludir prescripciones legales”. De este modo, la empresa “sabía que estaba tratando con una administración pública, por lo que resulta evidente que la contratación por varios millones de euros requería expediente de contratación, sin encontrarse explicación del fraccionamiento y de la emisión tardía y disconexa de facturas”.

Sin utilidad para el municipio

Hasta tal punto llegó el despilfarro en granito que la mayor parte de los elementos, y hablamos de miles de piezas, fueron encontrados tirados en una campa municipal por el nuevo equipo de Gobierno. Tan solo un porcentaje muy pequeño de las piezas fueron repartidos, aunque también sin ningún criterio histórico u ornamental, por jardines del término municipal.

Así, la propuesta de resolución señala que “las piezas de granito quedaron depositadas en el almacén municipal, y ahí en su mayor parte siguen, con lo que no parece que existiera una utilidad y necesidad concreta que justificara la adquisición”.