|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
loading...
El exalcalde y varios técnicos serán juzgados por malversación, delito contra el patrimonio, prevaricación y fraude, entre otros, por el pago de 10,5 millones de euros de un polideportivo que nunca vio la luz.
El juicio oral por el caso del Polideportivo ‘fantasma’ de La Estación contra el ex alcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos y varios técnicos se celebrará durante los días 23, 24, 25 de septiembre y 2 y 8 de octubre en la Audiencia Provincial de Madrid, después de sufrir un aplazamiento por el Estado de Alarma.
Se trata del primero de los grandes juicios contra el exregidor en el que se enfrenta a penas de hasta 16 años de prisión y se sentará en el banquillo para hacer frente a diversas acusaciones por delitos de prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. Además, se le solicita una responsabilidad solidaria de 10,5 millones de euros junto al resto de los acusados, la ex interventora, un ex ingeniero municipal y uno de los representantes de la constructora adjudicataria del proyecto, por los perjuicios causados al Ayuntamiento.
El Polideportivo de La Estación fue uno de los grandes proyectos del Gobierno de Baltasar Santos (PP) que nunca se llegó a materializar, pese a que el Consistorio pagó 10,5 millones de euros, casi la totalidad del 80% del importe total que le correspondía.
La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento -tras su aprobación en el Pleno por unanimidad- continúa con la denuncia interpuesta en 2013 por la entonces oposición.
El caso de las Cuevas
Además del caso del Polideportivo, Baltasar Santos tiene pendiente con los tribunales otros dos grandes casos en los que el Ayuntamiento ejerce la acusación particular.
El ex regidor junto con la ex interventora municipal, Teresa Hermida, se enfrentan a 10 años y medio de prisión y 30 años de inhabilitación por el Caso de las Cuevas del Concejo. Este juicio, que debía de celebrarse el pasado mes de enero fue aplazado y devuelto al juzgado para que se instruyesen varios de los delitos imputados desde la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento (malversación, delito contra el patrimonio, fraude, delito urbanístico). De hecho, la Fiscalía imputaba a los acusados solo un delito de prevaricación administrativa. Esta devolución al juez instructor ofrece así más garantías, tanto a la acusación como a los acusados.
El Ministerio Fiscal pide para ambos acusados 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público. La acusación particular pide 9 años de inhabilitación por cada delito de prevaricación; cuatro años de prisión y 1 día e inhabilitación de 10 años por malversación; un año y tres meses de prisión y 200€ diarios por delito urbanístico; un año y tres meses de prisión y 200€ diarios por delito sobre Patrimonio Histórico; un año y tres meses de prisión y multa de 200€ diarios por daños en bienes históricos y tres años de prisión e inhabilitación de otros dos años por falsedad documental.
La denuncia por el caso de las Cuevas del Concejo fue presentada en 2011 por los concejales del Partido Socialista, entonces en la oposición. Dicha denuncia estaba dirigida contra el entonces alcalde, Baltasar Santos y la que era la interventora municipal, Teresa Hermida. El motivo era la excavación ilegal de una extensa red de galerías bajo la Plaza de Segovia, sin autorización preceptiva de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid -necesario, pues la Plaza de Segovia está declarada Conjunto Histórico Artístico-, sin proyecto técnico, sin crédito presupuestario y con un gasto exorbitante, que supuso un desembolso millonario para las arcas municipales.
También en 2011 fueron presentadas por los concejales del Grupo Socialista José Luis Adell y Juan Luis Juárez, dos denuncias ante las Direcciones Generales de Patrimonio y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, por la ejecución de estas obras, a las que proseguirían diferentes escritos de ampliación, reiteración y alegaciones.
Ya en 2014, tras el anuncio de la apertura de las Cuevas del Concejo, se presentaron varios escritos para evitar el acceso público, por el consiguiente peligro que esto conllevaba al no tener los permisos pertinentes, ni estar visada su seguridad. Estas actuaciones de 2014 generaron diferentes informes, que luego se incorporaron al proceso penal, además de un expediente sancionador al Ayuntamiento. Se practicó una prueba pericial del cuerpo de Interventores y Auditores del Estado que constató actuaciones ilegales y fraudulentas en contratación de obras y suministros, dando cobertura al gasto ilícito y con sobrecostes. Fue entonces cuando se formuló un escrito de acusación popular, en representación del Grupo Municipal Socialista contra el ex alcalde, Baltasar Santos y la ex interventora, Teresa Hermida y el Fiscal también dirigió su acusación por prevaricación contra ambos.
El 13 de enero de 2018 se dictaminó el auto de apertura de juicio oral contra los acusados y se les requirió una fianza por importe de 1.500.000€.
Una fianza que se suma a la de 10,1 millones de euros interpuesta por el Tribunal de Cuentas por el caso Polideportivo y por las subvenciones a la empresa concesionaria de la Plaza de Toros y que terminó con un embargo de bienes al ex regidor, a dos técnicos, un empresario y varios miembros de su equipo de Gobierno hasta sumar esta cantidad.
Pagos con informes contrarios del interventor
Pero estos no son los únicos pleitos a los que se enfrenta Baltasar Santos. Tan solo son los que se juzgarán en primer lugar. En el año 2014 fue interpuesta una tercera querella contra Baltasar Santos por prevaricación, malversación, fraude en la contratación y fraude en subvenciones. Se alegaba que el entonces alcalde había ordenado el reconocimiento de la obligación y pago de numerosas facturas, entre finales de 2011 y 2014, a pesar de que habían sido emitidos en contra informes de reparo de la Intervención General e informes de Tesorería y algunos de Secretaría, por motivos diferentes.
Publicado en Noticias
